El sector de apartamentos turísticos de Barcelona reclama actualmente mil millones de dólares por los daños causados por la normativa. Este lunes, la Asociación de Apartamentos Turísticos de Barcelona (Apartur) ha anunciado que el sector ha iniciado un expediente de responsabilidad inmobiliaria ante la Generalitat de Cataluña por el Decreto-ley 3/2023, que regula el sector de los alojamientos turísticos. Las reclamaciones hasta la fecha ascienden a 1.000 millones de euros e incluyen tanto a propietarios como a directivos asociados al negocio. Sin embargo, el plazo de recurso vence el 8 de noviembre, un año después de la publicación de la ley, y muchos de los afectados aún están en proceso de cumplirla.
Más concretamente, Apartur -la asociación que ayuda a todas las víctimas interesadas a presentar sus reclamaciones- calcula que el importe final de la indemnización que deberá afrontar la Generalitat podría superar los 3.000 millones de euros sólo en Barcelona. En toda Cataluña, esta cifra podría superar los 7.000 millones de euros.
La reclamación de responsabilidad hereditaria de la administración (RPA) ante la Generalitat de Cataluña como autora del decreto es una de las vías legales de las que disponen los afectados para luchar contra una normativa que ya ha anunciado el alcalde de Barcelona. Jaime Colboni. que servirá para intentar cerrar las 10.101 licencias de uso turístico vigentes en Barcelona.
La demanda de responsabilidad patrimonial contra la Generalitat de Cataluña se basa en la disposición transitoria 2ª del decreto-ley, que implica la expropiación de facto de las licencias de apartamentos turísticos en 2028. Aún faltan cuatro años y ya han comenzado los efectos negativos de la nueva normativa para que se den cuenta. La incertidumbre entre trabajadores y clientes, la imposibilidad de amortizar las inversiones y la pérdida de valor de los departamentos son algunos de los efectos que impulsaron al equipo legal de Apartur a iniciar este proceso.
La expropiación de licencias prevista en el decreto es ilegal porque contradice la legislación española y europea, que establece que el derecho a la indemnización debe existir siempre, que no puede dejarse en manos de la administración ni del legislativo, y que la indemnización debe tener carácter económico. A falta de compensación económica, los titulares del HUT tienen derecho a reclamar a la Generalitat el importe obtenido del cálculo de los costes de los últimos 5 años y los beneficios que se derivarían de la continuación de la actividad.
“Estamos ante una expropiación forzosa encubierta en la que los propietarios tienen que ser compensados económicamente. Si no lo hacemos, nos lleva a una situación absolutamente inédita, contraria a todas las garantías legales, contraria a la Constitución y al derecho de la Unión Europea”, explica Marian Muro, directora general de APARTUR.
Además del derecho a reclamar la responsabilidad económica, los propietarios de apartamentos turísticos en Barcelona se sienten respaldados por el estudio elaborado de oficio por la Autoridad Catalana de la Competencia (ACCO) -organismo dependiente del Departamento de Empresa y Trabajo de la Generalitat- y que ha Ya ha destacado que el decreto sobre alojamientos con fines turísticos no respeta los principios de necesidad y proporcionalidad y que es ciego y abusivo. En su informe, ACCO pidió al gobierno que sea más estricto a la hora de promover una regulación eficaz.
Otro informe ilegal es el publicado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que también cuestiona la proporcionalidad de las medidas adoptadas. Asimismo, el Tribunal Constitucional acordó tramitar una denuncia de inconstitucionalidad presentada por el Partido Popular, y la Comisión Europea abrió un expediente por infracción de normativa comunitaria tras la aprobación de dicha normativa por parte de la Generalitat.
Por todo ello, Muro apuesta por que “los tribunales finalmente fallen a favor del sector”. No obstante, la patronal recomienda encarecidamente a todos los afectados, que aún no lo hayan hecho, que presenten sus reclamaciones sobre bienes inmuebles en el plazo estipulado, en caso de que no se derogue la norma.
Apartur sigue apoyando una “regulación justa y equitativa” que evite la desaparición de una alternativa de alojamiento que representa el 40% de los alojamientos regulados en Barcelona, la mayor parte de turismo familiar, que emplea a unos 5.000 trabajadores de forma regular y muchos más de forma indirecta e importa más. de 347 millones de euros al año en el erario público de Barcelona.