El 20 de mayo de 2025 comenzó a aplicarse en España una nueva normativa de Extranjería, ratificada a través del Real Decreto 1155/2024. Esta modificación constituye la renovación más importante en el ámbito migratorio desde 2011, con el fin de hacer los procedimientos más sencillos, aumentar la seguridad jurídica y promover la inclusión de las personas extranjeras en la nación.
Entre las principales novedades se encuentra la reorganización de los visados en cuatro categorías: tránsito aeroportuario, corta duración (hasta 90 días), larga duración (estudios, trabajo o residencia) y búsqueda de empleo. Este último permite residir legalmente en España durante 12 meses para encontrar trabajo, sin necesidad de salir del país para cambiar a un permiso de trabajo.
El reglamento también introduce cinco tipos de arraigo: social, laboral, familiar, para la formación y de segunda oportunidad. Este último permite regularizar a personas que hayan tenido una autorización de residencia en los últimos dos años y no la hayan renovado.
También, se incrementa la oportunidad para que los estudiantes internacionales trabajen hasta 30 horas a la semana y se optimiza la reunificación familiar, simplificando la residencia para familiares de individuos con ciudadanía española.
No obstante, la puesta en marcha del reciente reglamento ha causado retos en las operaciones. En la Región de Murcia, por citar un ejemplo, los sindicatos CCOO y CSIF han reportado el colapso en la Oficina de Extranjería, con esperas para citas que exceden los 60 días, y procedimientos que podrían tardar meses. Ambos sindicatos exigen la creación de 50 nuevos puestos debido a un aumento del 40% en la carga laboral.
Para enfrentar las críticas y abordar las situaciones de vulnerabilidad no previstas en el reciente reglamento, el Gobierno ha promovido una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que ha sido avalada por más de 600.000 firmas, y que pretende dar un estatus legal a alrededor de 400.000 inmigrantes en situación irregular. Esta propuesta, que todavía debe ser aprobada en el Congreso, tiene gran apoyo social y responde a una necesidad clara: asegurar los derechos de miles de personas y atender los requerimientos económicos del país.
El nuevo Reglamento de Extranjería representa un paso importante hacia una política migratoria más inclusiva y adaptada a las necesidades actuales de España. No obstante, su éxito dependerá de la capacidad del Estado para implementar eficazmente las reformas y garantizar que los beneficios lleguen a todas las personas migrantes, especialmente a las más vulnerables.
