Un análisis exhaustivo de las estadísticas operativas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) muestra un patrón claramente distinto en la manera en que se efectúan los arrestos de inmigrantes sin documentación en los Estados Unidos. Las estrategias implementadas por ICE cambian notablemente dependiendo de la tendencia política del estado, provocando un escenario migratorio muy desequilibrado entre áreas demócratas y republicanas.
En los estados que respaldaron al expresidente Donald Trump, los agentes de ICE realizan la mayoría de sus arrestos directamente en cárceles y prisiones. Por el contrario, en los estados que votaron por la actual candidata presidencial demócrata Kamala Harris, las detenciones se ejecutan predominantemente en comunidades, lugares de trabajo y espacios públicos. Esta divergencia ha generado no solo tensiones políticas, sino también un clima de miedo e incertidumbre en barrios con alta población migrante, especialmente en regiones con políticas de santuario.
Diferencias estructurales en las tácticas de detención
De acuerdo con los datos revisados, en los estados republicanos el 59 % de las aprehensiones se efectúan en instalaciones de detención, mientras que en los estados demócratas el 70 % de los arrestos se realizan en áreas comunitarias. Aunque ambos grupos de estados cuentan con poblaciones indocumentadas semejantes, las acciones de ICE en cada región muestran una estrategia adaptada a las normativas locales y las políticas de colaboración con las autoridades federales.
Los estados que facilitan una colaboración más estrecha entre las autoridades locales e ICE, como Mississippi, muestran un porcentaje elevado de detenciones en instalaciones penitenciarias. Por otro lado, en áreas como Nueva York y Massachusetts, donde las políticas de santuario restringen o bloquean este tipo de cooperación, la agencia ha incrementado su actividad en las vías públicas y en intervenciones públicas.
Efecto en poblaciones desfavorecidas
En Massachusetts, uno de los estados que presenta medidas más severas contra ICE, el 94 % de las detenciones ha sido realizado en las zonas comunitarias, y un 78 % de los individuos detenidos no poseía historial delictivo. Esta situación ha provocado consecuencias importantes. En lugares como Chelsea y Everett, que congregan a comunidades migrantes de Centroamérica, se ha observado una disminución en la asistencia escolar, las visitas médicas y otras actividades diarias, debido al miedo de ser arrestados.
Grupos locales y activistas por los derechos de los inmigrantes alertan sobre el aumento de patrullas, operativos inesperados y arrestos en áreas públicas, lo que ha cambiado comunidades dinámicas en lugares callados y reservados. La táctica de captar personas en lugares públicos, según los opositores, tiene un efecto intimidatorio y pretende influir en las autoridades locales para que cambien sus normas de seguridad para migrantes.
Una maquinaria de detención en expansión
Durante la administración Trump, los arrestos realizados por ICE experimentaron un aumento sostenido. La proporción de detenciones en la comunidad alcanzó el 44 %, frente al 27 % registrado bajo la presidencia de Joe Biden. Aunque el Gobierno actual prioriza la detención de inmigrantes con antecedentes penales, la comparación refleja una inversión significativa en mecanismos de aplicación migratoria durante el mandato anterior.
El gobierno federal ha apoyado este crecimiento asignando miles de millones de dólares más a ICE. Simultáneamente, cada vez más cuerpos policiales estatales y locales, principalmente en estados republicanos, han participado en iniciativas de cooperación con ICE, ampliando su capacidad operativa.
Tensiones en torno a las políticas de santuario
Los integrantes del gobierno de Trump han defendido que el aumento de detenciones en las comunidades es un resultado directo de las políticas de santuario, las cuales prohíben a las autoridades locales arrestar a inmigrantes basándose solo en órdenes administrativas de ICE. Desde este punto de vista, las operaciones visibles se considerarían una reacción a la imposibilidad de acceder a las prisiones locales.
No obstante, activistas y abogados especializados señalan que estos métodos están diseñados para castigar a jurisdicciones que se oponen a la política migratoria federal. Acusan a ICE de recurrir a tácticas que exceden los límites aceptables y de utilizar el miedo como instrumento de control social.
Ejemplos destacados y aumento de quejas
Las intervenciones de ICE en Massachusetts han incluido detenciones de alto perfil, como la de un estudiante de doctorado y coautor de un artículo de opinión, o el arresto violento de un inmigrante sacado del asiento del copiloto frente a su familia. Según expertos legales, estas acciones representan un nuevo nivel de agresividad por parte de la agencia.
Además, testimonios de residentes como el de Geovani Esau De La Cruz Catalan, joven arrestado poco después de su graduación escolar, ilustran el impacto humano de esta política. Su historia evidencia cómo individuos sin historial delictivo se ven atrapados en una red que castiga sin distinción.
Un sistema inequitativo basado en el código postal
La disparidad en la aplicación de la ley migratoria ha dado lugar a lo que algunos analistas describen como un “sistema heterogéneo” de justicia migratoria en Estados Unidos. El lugar de residencia de un inmigrante se ha convertido en un factor determinante para el tipo de trato que recibirá por parte de las autoridades.
Mientras algunos estados colaboran activamente con ICE, otros limitan su accionar a través de decisiones judiciales y políticas locales. Esta fragmentación contribuye a la creación de experiencias migratorias profundamente divergentes, que ponen en tela de juicio la coherencia de las políticas federales.
El debate sobre las políticas migratorias, su implementación y sus efectos sobre las comunidades seguirá ocupando un lugar central en la agenda pública, especialmente en un contexto electoral donde la migración vuelve a ser un tema de alto voltaje político.
