La reforma reciente implementada en el pasaporte uruguayo, que busca asegurar una mayor igualdad entre los ciudadanos nacidos en el territorio uruguayo y aquellos nacidos fuera de él, ha generado inquietudes en múltiples gobiernos extranjeros. Alemania, Francia y Japón han manifestado preocupaciones oficiales sobre el nuevo diseño del documento, el cual suprime el apartado «Lugar de nacimiento» y estandariza la indicación de nacionalidad con el código URY, que representa a Uruguay.
El ajuste, promovido en abril por el gobierno uruguayo, es parte de una estrategia para reconocer completamente los derechos de los ciudadanos legales, es decir, quienes han obtenido la ciudadanía uruguaya sin ser originarios del país. Con esta modificación, Uruguay pretende suprimir aspectos vistos como discriminatorios en sus documentos de viaje, particularmente aquellos que mencionaban la nacionalidad original en vez de la adquirida legalmente.
Una solución a una solicitud trascendental por equidad
Hasta hace no mucho, los pasaportes en Uruguay tenían una diferencia clara entre los ciudadanos de nacimiento y los que adquirieron la nacionalidad. En la sección de «Nacionalidad», el documento podía mostrar la nacionalidad de origen, lo cual causaba confusión en las verificaciones migratorias y provocaba situaciones de discriminación, incluso dentro del territorio nacional.
La nueva versión del pasaporte unifica la identificación nacional para todos los titulares, eliminando ambigüedades y estableciendo la ciudadanía uruguaya como elemento único de referencia. Además, el campo «Lugar de nacimiento» fue eliminado, siguiendo normas internacionales que lo consideran un dato opcional. Estas medidas fueron celebradas por organizaciones humanitarias y activistas, que destacan el impacto positivo en el derecho a la identidad y en la prevención de la apatridia.
Reacciones de la comunidad internacional
Pese a la intención inclusiva de la reforma, la omisión del lugar de nacimiento en el pasaporte ha generado fricciones con al menos tres países. Alemania fue el primero en emitir una advertencia pública, indicando que los pasaportes uruguayos emitidos desde el 23 de abril no serán válidos para ingresar a su territorio, incluso para visitas de corta duración. Las autoridades alemanas también señalaron que no procesarán solicitudes de visa presentadas con este documento.
Francia adoptó una posición similar, suspendiendo temporalmente la emisión de visas para estancias prolongadas mientras analiza la validez del nuevo formato. Por su parte, Japón advirtió que los uruguayos que presenten este pasaporte corren un alto riesgo de ser rechazados en el control migratorio.
Dichos gobiernos han manifestado que la falta del dato del lugar de nacimiento afecta sus sistemas de identificación y complica la validación de la información del viajero, especialmente en procesos migratorios y consulares.
Postura del gobierno de Uruguay
Frente a las críticas, el gobierno de Uruguay ha justificado la legalidad y legitimación de su reciente pasaporte. El ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, indicó que los problemas mencionados son esporádicos y actualmente no hay un rechazo generalizado del pasaporte por parte de otros países. De acuerdo a su explicación, los incidentes mencionados se restringen a las peticiones de visado para estudios, y no impactan el uso turístico común, que constituye la mayoría de los viajes al exterior de los uruguayos.
El presidente Yamandú Orsi señaló que su administración está dispuesta a dialogar con las representaciones diplomáticas de los países involucrados para encontrar una solución, y no descartó la posibilidad de reimprimir los pasaportes emitidos desde la entrada en vigor del nuevo diseño. No obstante, reafirmó el compromiso del gobierno con la igualdad de derechos para todos los ciudadanos.
Discusión interna y potenciales modificaciones
La decisión de eliminar el lugar de nacimiento también ha generado debate dentro del país. El excanciller Omar Paganini cuestionó la implementación del cambio, indicando que el problema no radica en la modificación de la etiqueta “Nacionalidad”, sino en la supresión de un dato que históricamente ha facilitado la identificación en el extranjero.
Sin embargo, integrantes de la sociedad civil que promovieron esta reforma han reiterado la importancia de contar con una legislación aclaratoria que afirme de forma explícita que cada ciudadano uruguayo, independientemente de su origen, debe ser reconocido igualmente como nacional. Argumentan que la igualdad legal debe estar presente no solo en las leyes, sino también en los documentos oficiales de identidad.
Una reforma con impacto internacional
La modificación del pasaporte uruguayo refleja un esfuerzo legítimo por promover la inclusión y erradicar distinciones injustas entre ciudadanos. Sin embargo, el impacto de esta medida trasciende las fronteras nacionales y plantea desafíos en el plano de las relaciones diplomáticas y la armonización de criterios documentales entre países.
El caso pone de manifiesto la tensión entre soberanía documental y requisitos operativos de otros Estados. A medida que las autoridades uruguayas trabajan en una salida diplomática al conflicto, el debate en torno a identidad, ciudadanía y reconocimiento internacional se consolida como una cuestión de creciente relevancia global.
