La reciente condena en Colombia contra siete exdirectivos de una filial de Chiquita Brands ha vuelto a poner bajo escrutinio la compleja trayectoria de esta empresa multinacional en América Latina. Con una pena de 11 años de prisión y una multa millonaria, la justicia colombiana sentó por primera vez un precedente contra ejecutivos vinculados al financiamiento de grupos armados en el país. La decisión reafirma el vínculo comprobado entre Banadex —filial de Chiquita— y el grupo paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), al que se transfirieron más de 1,7 millones de dólares entre 1995 y 2004 a cambio de protección en las zonas bananeras del Urabá.
Este veredicto destapa nuevamente un periodo complicado en la trayectoria de una empresa que, desde su inicio como United Fruit Company en 1899, no solo revolucionó el comercio mundial del plátano, sino que también influyó, muchas veces de manera controvertida, en la dirección política y social de diversas naciones de América Latina.
Del ferrocarril al dominio agrícola
El nacimiento de United Fruit Company se dio como resultado de la visión empresarial de Minor Keith, un inversionista ferroviario que descubrió el potencial del banano tras observar su cultivo en manos de obreros jamaiquinos en Costa Rica. A partir de ahí, la empresa consolidó un modelo de negocios que combinaba producción agrícola, logística y exportación, conectando plantaciones en Centroamérica y el Caribe con los mercados de consumo en Estados Unidos y Europa.
A lo largo de los años, la empresa incrementó su influencia económica y su dominio territorial. Para 1930, era dueña de más de un millón de hectáreas y administraba su propia flota marítima llamada la Gran Flota Blanca. Su poder era tan significativo que sobrepasaba la capacidad operativa de los gobiernos locales, gestionando infraestructura esencial como trenes y puertos en diversos países.
Impacto político y tensiones sociales
La consolidación de este poder económico abrió la puerta a una fuerte injerencia política. La empresa fue protagonista en episodios que marcaron la historia latinoamericana, como la masacre de las bananeras en Colombia en 1928 y el golpe de Estado en Guatemala en 1954. En ambos casos, la empresa actuó en defensa de sus intereses corporativos, favoreciendo gobiernos afines y apoyando operaciones que resultaron en represión de trabajadores o desplazamientos de gobiernos democráticamente electos.
Durante el paro de los trabajadores del banano en Santa Marta, Colombia, la compañía pidió respaldo militar, lo que resultó en una matanza por el ejército. En Guatemala, su enfrentamiento con el presidente Jacobo Árbenz, quien impulsaba una reforma agraria impactando las tierras no productivas de la empresa, llevó a una operación secreta dirigida por la CIA que concluyó con su destitución.
Estas acciones consolidaron la reputación de la empresa como símbolo del imperialismo económico en la región. Su presencia dio origen al término “república bananera”, utilizado para describir países con estructuras políticas vulnerables a la influencia de intereses extranjeros.
De United Fruit a Chiquita Brands
A pesar de su poder, la empresa no estuvo exenta de crisis. En los años 70, enfrentó una pérdida de legitimidad derivada de su asociación con gobiernos autoritarios, así como la formación de un cartel bananero por parte de países productores que buscaban mejores condiciones comerciales. Tras una serie de reestructuraciones, en 1990 fue rebautizada como Chiquita Brands International, nombre con el que hoy opera globalmente.
Aunque redujo su perfil público, la empresa siguió siendo protagonista de controversias. A inicios del siglo XXI, se conoció que había realizado pagos sistemáticos a las AUC, un grupo armado colombiano vinculado a violaciones masivas de derechos humanos. Estas transferencias se hicieron bajo la justificación de protección, pero posteriores investigaciones determinaron que los pagos fueron revisados y aprobados por altos ejecutivos, con pleno conocimiento de la naturaleza violenta de la organización.
Obligaciones legales y repercusiones morales
En 2007, Chiquita admitió ante autoridades estadounidenses haber financiado a las AUC y aceptó una multa de 25 millones de dólares. Sin embargo, no fue hasta 2024 que un jurado de Florida la responsabilizó de ocho asesinatos cometidos por paramilitares, marcando un hito judicial que ahora es reforzado por la reciente condena en Colombia.
Estas declaraciones marcan un momento crucial en la forma en que las empresas multinacionales son responsabilizadas por sus acciones en situaciones de violencia. El ejemplo de Chiquita ilustra cómo las elecciones corporativas hechas para salvaguardar actividades comerciales pueden eventualmente involucrarse en complicidad con crímenes de guerra.
Un legado complicado y actual
Hoy, Chiquita Brands sigue siendo uno de los principales actores del mercado global del banano, con presencia en supermercados de todo el mundo y una plantilla de aproximadamente 18.000 empleados. Aunque la empresa ha buscado proyectar una imagen moderna y socialmente responsable, los fallos judiciales recientes evidencian que su historia está marcada por episodios que trascienden lo empresarial y se adentran en lo político y lo ético.
A 125 años de su fundación, la compañía es reconocida por su innovación logística y su papel central en la expansión del comercio agrícola global. Pero también carga con el peso de un pasado en el que su influencia fue determinante en dinámicas de poder, explotación laboral y violencia estructural en América Latina. La reciente condena en Colombia no solo revive ese pasado, sino que plantea preguntas urgentes sobre el rol de las empresas transnacionales en territorios con frágiles equilibrios institucionales.
