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El cerco judicial en torno a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, se estrecha. Investigada por tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación de caudales públicos y apropiación indebida, la figura de Gómez se ha convertido en un elemento central de una crisis institucional sin precedentes. Por primera vez en democracia, la cónyuge de un jefe del Ejecutivo afronta una instrucción judicial activa mientras su marido continúa en el poder.
El curso universitario, el centro del asunto
El estudio se enfoca en el papel de Begoña Gómez en su función como líder de la Cátedra de Transformación Social Competitiva en la Universidad Complutense de Madrid. Basado en las pruebas presentadas al tribunal, Gómez supuestamente habría aprovechado su posición académica para impulsar a ciertas compañías en licitaciones públicas, beneficiándose de su proximidad al Gobierno.
Los investigadores apuntan a que estas empresas recibieron adjudicaciones en condiciones preferentes tras participar en actividades impulsadas por la cátedra o colaborar en proyectos patrocinados por Gómez. La conexión entre lo institucional, lo académico y lo privado es lo que ha motivado la imputación por presunto tráfico de influencias y corrupción.
Malversación y apropiación: más allá del tráfico de influencias
La investigación judicial no se restringe al apoyo empresarial. También se está examinando si Gómez empleó recursos públicos para propósitos no permitidos, como la contratación anómala de trabajadores y el registro de software a su nombre que fue financiado con fondos públicos. Estos eventos podrían constituir delitos de malversación y apropiación indebida, ampliando el alcance penal del asunto.
Las sospechas se agravan al tratarse de fondos provenientes en parte de presupuestos europeos, lo que ha despertado el interés de la Fiscalía Europea, que ya ha solicitado información formal sobre los hechos.
Inacción institucional y protección política
Desde Moncloa, la instrucción ha sido la moderación. Pedro Sánchez se ha mantenido al margen de comentar sobre el asunto, apelando simplemente al respeto hacia el sistema judicial. El PSOE, por otro lado, ha conservado una postura ambivalente: ni apoyo decidido ni crítica contundente. No obstante, esta táctica de silencio ha sido percibida por numerosos colectivos sociales y políticos como un esfuerzo por reducir la importancia de un escándalo con serias repercusiones éticas.
¿Un ejemplo único o componente de una tendencia?
El caso de Begoña Gómez no ocurre en el vacío. Coincide con otras investigaciones por corrupción que afectan al círculo más cercano del presidente, incluyendo su hermano David Sánchez y altos cargos del PSOE como Santos Cerdán. La simultaneidad de estos procesos ha alimentado la sospecha de que, más que episodios individuales, estamos ante una estructura de poder en la que lo público y lo privado se confunden en beneficio de unos pocos.
La situación legal de Begoña Gómez representa un gran reto para el Gobierno y el sistema institucional. No es simplemente una cuestión de identificar la responsabilidad penal de alguien cercano al poder, sino de aclarar en qué medida los ámbitos académicos, políticos y empresariales son utilizados para crear redes de influencia incontroladas.
Mientras la instrucción avanza, la erosión de la credibilidad política del Ejecutivo se acentúa. Y con ella, la duda sobre si la regeneración democrática prometida ha quedado atrapada en los despachos donde el poder se mezcla con el privilegio.
