El Tribunal Supremo ha dictado un fallo que ratifica la legalidad del parque eólico Campelo, desarrollado por la compañía Greenalia, anulando de este modo una decisión anterior del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG). Este veredicto representa un cambio relevante en el procedimiento judicial, al rechazar que la autorización administrativa otorgada para dicho proyecto fuera ilegal.
El asunto generó polémica cuando el TSXG invalidó la autorización del parque eólico al determinar que el proyecto se había fragmentado para esquivar una evaluación ambiental más detallada. No obstante, según la decisión del Tribunal Supremo, el hecho de que varias instalaciones eólicas usen infraestructuras de conexión comunes no implica que deban tratarse como un solo proyecto en términos de evaluación ambiental. Según el alto tribunal, la decisión debe basarse en las particularidades de cada caso y debe estar sustentada en la normativa y la jurisprudencia vigentes.
El dictamen sostiene que el veredicto del TSXG «se desvía de la doctrina jurisprudencial» y no concuerda con el marco legal actual, razón por la cual ha sido anulado. De esta manera, la autorización administrativa concedida para el parque eólico de Campelo es confirmada, lo que representa un respaldo para el avance de este proyecto en Galicia.
Respuestas ante el fallo
La Consellería de Medio Ambiente ha mostrado su conformidad con este dictamen judicial, afirmando que demuestra que la gestión ambiental llevada a cabo por el Gobierno gallego fue legal. Además, la Consellería subraya que no es la primera ocasión en que los tribunales apoyan la legalidad de su proceso ambiental, pues varias sentencias dictadas entre finales de 2023 y principios de 2024 han confirmado procedimientos análogos.
La Consellería de Medio Ambiente ha expresado su satisfacción por esta decisión judicial, argumentando que confirma que la tramitación ambiental realizada por el Gobierno gallego fue conforme a derecho. Además, la Consellería recuerda que no es la primera vez que los tribunales respaldan la legalidad de su tramitación ambiental, ya que varias sentencias emitidas entre finales de 2023 y principios de 2024 también han validado procedimientos similares.
Por otro lado, la patronal eólica gallega (EGA) ha recibido la sentencia con cautela. Aunque reconocen que se trata de un paso adelante en los litigios que afectan al sector, advierten que aún queda pendiente la resolución de una cuestión prejudicial planteada ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Según EGA, es fundamental que se establezca una mayor certeza y seguridad jurídica para garantizar el desarrollo del sector eólico, ya que actualmente existen más de un centenar de parques eólicos en Galicia que se encuentran en procesos judiciales o suspendidos cautelarmente.
La aprobación del parque eólico de Campelo es una buena noticia para el impulso de las energías renovables en Galicia, una zona con un alto potencial para la producción de energía eólica. Este proyecto, liderado por Greenalia, simboliza un compromiso con la transición energética y el logro de los objetivos de sostenibilidad establecidos tanto a nivel nacional como internacional.
No obstante, las dificultades legales y administrativas siguen representando un obstáculo significativo para el progreso del sector. Las exigencias de una mayor certeza jurídica por parte de los agentes involucrados evidencian la necesidad de un marco normativo más definido que facilite los trámites y evite prolongados procesos judiciales que demoren el avance de proyectos estratégicos para la región.
Sin embargo, los desafíos legales y administrativos continúan siendo un obstáculo importante para el avance del sector. Las demandas de mayor seguridad jurídica por parte de los actores involucrados reflejan la necesidad de un marco normativo más claro que permita agilizar los procedimientos y evitar largos procesos judiciales que retrasen el desarrollo de proyectos estratégicos para la región.
En este contexto, el fallo del Tribunal Supremo establece un precedente importante para futuros litigios relacionados con autorizaciones de parques eólicos y la interpretación de las normativas ambientales. Aunque la última palabra podría recaer en el TJUE, esta sentencia refuerza la posición del sector eólico en Galicia y contribuye a dar un impulso necesario a la transición energética en la región.
