Desde marzo de 2025, las compañías en España han empezado a implementar retenciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) en los sueldos de quienes reciben el Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Este ajuste se da tras el aumento del SMI a 16.576 euros anuales distribuidos en 14 pagos (1.184 euros al mes), aprobado a mediados de febrero con efecto retroactivo desde enero. A diferencia de incrementos previos, esta alza no se acompañó de una modificación del mínimo exento de IRPF, que sigue siendo de 15.876 euros al año, lo que significa que, por primera vez, aquellos que ganan el SMI están sujetos a retenciones fiscales.
Ejecución de las deducciones
Las compañías funcionan como mediadoras entre los empleados y la Agencia Tributaria, teniendo la obligación de aplicar deducciones de IRPF una vez se alcanzan determinados niveles salariales. Estas deducciones son anticipos que el empleador resta del sueldo para depositarlos en Hacienda, facilitando que el impuesto se obtenga de manera escalonada y regular. Por lo general, las grandes corporaciones efectúan estas deducciones cada mes, mientras que las pequeñas y medianas empresas (pymes) las realizan cada trimestre.
Las empresas actúan como intermediarias entre los trabajadores y la Agencia Tributaria, estando obligadas a practicar retenciones de IRPF a partir de ciertos umbrales salariales. Estas retenciones son pagos a cuenta que el empleador descuenta del salario para ingresarlos en Hacienda, permitiendo que el impuesto se recaude de forma progresiva y periódica. Generalmente, las grandes empresas realizan estas retenciones mensualmente, mientras que las pequeñas y medianas empresas (pymes) lo hacen trimestralmente.
Consecuencias para los trabajadores
El aumento del SMI ha favorecido a alrededor de 2,5 millones de trabajadores en España. No obstante, dado que la mayoría puede aprovechar las deducciones incluidas en el impuesto según sus circunstancias personales y familiares, las retenciones impactan solo al 20% de los beneficiarios, es decir, unos 540.000 contribuyentes que son solteros y sin hijos. En estos casos, han comenzado a tributar por los 700 euros que exceden el mínimo exento actual respecto a la nueva base salarial.
La subida del SMI ha beneficiado a cerca de 2,5 millones de trabajadores en España. Sin embargo, debido a que la mayor parte de ellos puede acogerse a las deducciones previstas en el impuesto por su situación personal y familiar, las retenciones afectan aproximadamente al 20% de los perceptores, es decir, unos 540.000 contribuyentes que están solteros y no tienen hijos. En este caso, han comenzado a tributar por los 700 euros que separan el mínimo exento vigente del nuevo suelo salarial.
En situaciones distintas, como la de un empleado con pareja e hijo menor de 3 años, no se realizarán retenciones de IRPF debido a los incentivos fiscales otorgados a familias con hijos pequeños. Para un trabajador con pareja e hijo mayor de 3 años, se aplicará una retención más baja, de aproximadamente 99,46 euros anuales, lo que se traduce en un tipo del 0,6%.
Discusión política y social
Debate político y social
La aplicación del IRPF a los salarios más bajos ha generado división dentro del Gobierno. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, afirmó desconocer que la subida del SMI implicaba esta novedad hasta que fue publicada por la prensa, información que la parte socialista del Gobierno ha desmentido. Por su parte, la titular de Hacienda, María Jesús Montero, acusó a Díaz de caer en discursos populistas al defender que las rentas más bajas deberían estar exentas del impuesto.
Esta decisión ha sido objeto de críticas y debates en el ámbito político y social. Algunos argumentan que la medida afecta negativamente a los trabajadores con menores ingresos, reduciendo el impacto positivo de la subida del SMI. Otros defienden la necesidad de mantener una cultura de responsabilidad fiscal, donde todos los ciudadanos contribuyan al sostenimiento de los servicios públicos en función de sus ingresos.
Consideraciones finales
La implementación de retenciones de IRPF a los perceptores del SMI marca un cambio significativo en la política fiscal española. Si bien la medida busca mantener la equidad y la sostenibilidad del sistema tributario, es esencial evaluar su impacto en los trabajadores de menores ingresos y considerar posibles ajustes que mitiguen efectos adversos. El equilibrio entre una política fiscal justa y el bienestar de los ciudadanos continúa siendo un desafío para las autoridades.
